Proyecto de ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda
El pasado mes de abril, el Govern d'Andorra hizo públicas un conjunto de medidas con el objetivo de asegurar un crecimiento sostenible y abordar la problemática del acceso a la vivienda de alquiler. Estas acciones se incluirán en el futuro proyecto de ley para el crecimiento sostenible y el derecho a la vivienda, que se centrará en diversas áreas clave, incluyendo la cesión obligatoria temporal de pisos vacíos al Gobierno si los propietarios no los ponen en alquiler después de una notificación, la prohibición de nuevas licencias para viviendas de uso turístico (HUT - Habitatges d'Ús Turístic) y la limitación de la compra de inmuebles a las personas no residentes.
El cap de Govern, Xavier Espot, explicó que este paquete de medidas prevé recuperar unos 1.500 viviendas para el mercado de alquiler en los próximos tres años y detalló que se incluirá la incorporación obligatoria de los pisos vacíos al mercado de compra o alquiler. Se trabajará para finalizar el censo de las viviendas vacías y se notificará a los propietarios que tienen la vivienda desocupada, ofreciéndoles la posibilidad de ponerla en el mercado en un plazo de tres meses o cederla voluntariamente al Govern a cambio de una contraprestación económica. Si no aceptan estas opciones, se podrá activar una cesión obligatoria y temporal del uso de la vivienda vacía al Gobierno. Esta medida podría aportar unos 800 pisos al mercado.
Además, se exonerará el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) para residentes de más de cinco años que adquieran su primera vivienda, siempre que esta tenga un valor de hasta 500.000 euros. También se aumentará el gravamen sobre la plusvalía inmobiliaria para desincentivar la especulación.
En cuanto al sector turístico, la nueva ley prohibirá indefinidamente la concesión de nuevas licencias para HUT y apartamentos turísticos, implementando un sistema de caducidad temporal para los permisos existentes. Si un HUT no registra ninguna ocupación en un año, su licencia se suspenderá de manera indefinida. Además, se prevé incrementar la tasa turística para destinarla a la formación de los profesionales del turismo y mejorar los controles para garantizar el pago efectivo de la tasa.
El objetivo de todo esto es encontrar un equilibrio entre la inversión extranjera inmobiliaria y el acceso a la vivienda, limitando la compra de inmuebles para personas no residentes a solo dos bienes inmuebles. Las promociones inmobiliarias extranjeras se prohibirán, a menos que se destinen al mercado de alquiler.
En el ámbito de la inmigración, se ha anunciado que se volverá al sistema de cuotas de inmigración para reducir la presión demográfica y el impacto sobre la vivienda de alquiler asequible. Así, se exigirá una experiencia laboral mínima en el sector para acceder a la cuota general y se limitará el uso de permisos de trabajo por temporada. También se trabajará para eliminar los permisos para trabajadores desplazados extracomunitarios y se prohibirá trabajar por cuenta propia durante el primer año de residencia para evitar la elusión del pago del depósito de 50.000 euros.
Estas medidas conjuntas buscan asegurar un crecimiento sostenible, facilitar el acceso a la vivienda de alquiler, y equilibrar las necesidades turísticas y demográficas del país, siempre respetando el medio ambiente y los recursos naturales.
